Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Juezas y jueces para la Democracia en Valencia, presenta su último ensayo ‘La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España’.
Se trata de un repaso de los orígenes históricos de la corrupción desde la Restauración hasta nuestros días.
La corrupción política en España
En su libro Joaquim Bosch dice que la dictadura franquista cumplió todas las pautas en materia de corrupción, y por tanto que era imposible que una corrupción tan generalizada no dejase secuelas para el futuro que hemos ido viviendo después.
«La pauta esencial es que todas las dictaduras tienen corrupción. Porque no hay jueces independientes, no hay prensa libre que pueda denunciar, no hay elecciones democráticas y por tanto los que mandan pueden hacer prácticamente lo que quieran. Aparte fue una dictadura muy larga ―de cerca de 40 años― y la corrupción llegó al dictador, a sus familiares, a muchos ministros y militares… a todo el entramado de gobernadores civiles, alcaldes…
Era imposible que no dejara efectos una corrupción tan intensa. No olvidemos que de los últimos cincuenta ministros de Franco la mitad continuaron en la democracia. La otra mitad pasó a los consejos de administración de las principales empresas del país, y el tejido empresarial continuó.
Hubo muchas continuidades que explican que los efectos se extendieran también en la democracia».
Diecisiete años después, en 1992, las veinte principales empresas del IBEX aún tenían antiguos dirigentes de la dictadura.
«Y eso es una muestra de que el mundo económico que había controlado la situación en la dictadura, donde había alianzas importantes entre sectores empresariales, acogió después con los brazos abiertos a los dirigentes del franquismo porque podían aportar réditos.
Es decir que el hecho de haber estado al cargo en la dictadura, para las grandes empresas en democracia aún era una puerta abierta para poder conseguir relaciones personales y poder obtener tratos de favor.»
Joaquim Bosch destaca en su libro un estudio de finales de los 80 ―de la entonces Comunidad Económica Europea― que apuntaba que España era el único país europeo que no ponía la honradez como primera virtud de los políticos.
«Fueron cuarenta años muy intensos de abusos de poder. Es algo que detectaron mucho algunos intelectuales que regresaron a España después de décadas como Max Aub. Él decía, cuando regresó a Valencia, que la Catedral estaba igual, que las Torres de Serranos estaban igual, pero que la gente, sus amigos, habían cambiado absolutamente. Había como una aceptación de que el que no robaba era un idiota.
Otro escritor catalán también de mucho nivel, Víctor Alba, regresó y percibió la misma situación. Él decía que la dictadura era como estar en una habitación llena de humo, en la que había gente fumando… y eso afectaba a todos: a los franquistas y a los antifranquistas. La corrupción de la dictadura lo impregnó todo.»
En cambio, en los últimos veinte años, en todas las encuestas del CIS (el Centro de Investigaciones Sociológicas) la ciudadanía pone entre los principales problemas del país la corrupción, que no se sabe si ya al final es sistémica, endémica o estructural.
«La corrupción continuó porque en la transición, para la oposición antifranquista, no fue posible cortarla, porque llegó más debilitada. El postfranquismo tenía mucha más fuerza y marcó una hoja de ruta, y poner sobre la mesa el problema de la corrupción era poner los crímenes de la dictadura.
Era poner sobre la mesa muchas cosas que no era posible plantearlas cuando se estaban haciendo grandes pactos de estado. No se pueden echar en cara crímenes contra la humanidad con quien se está negociando.
Se podría decir que el sistema político asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable.
Había unas estructuras legales que en la dictadura posibilitaban la corrupción, y los principales partidos políticos podían cortar o podían aprovecharlas. Y esas estructuras sirvieron para financiar a los principales partidos, para continuar las redes empresariales corruptas… Hay una serie de conflictos de intereses que han impedido que los principales partidos políticos erradiquen la corrupción.»
¿En cuestiones como la corrupción llegó a existir una especie de pacto tácito de no agresión?
«Al principio de la democracia a la vista está que la corrupción, desgraciadamente, no aparecía en los medios. Ya podía haber salido, porque sabemos que había muchísimos casos. De hecho, recordamos aquellos grandes casos de los años 90: el caso Roldán, el caso Juan Guerra, el caso de Mariano Rubio…
Muchos de esos casos eran de principios de los 80, pero los procesos judiciales y las denuncias de los medios llegaron mucho más tarde.
Había como un consenso de que atacar al rival por la corrupción podía crear problemas a la democracia en un momento de golpes de estado, de tentativas. Y esas cuestiones quedaron más aparcadas hasta que ya la democracia se consolidó a finales de los 80.»
Los partidos no cumplieron lo que decía la ley respecto a su financiación, y, aunque cueste de creer, hasta el año 2015 no existió el delito de financiación ilegal.
«Hay corrupción de financiación electoral desde el minuto uno de la democracia. Las primeras normas prohíben expresamente que los partidos puedan obtener financiación del extranjero, más claro el agua.
Es conocido ya que hay datos de que el jefe de estado aporto dinero para UCD de Arabia Saudí y de Irán, y que populares y socialistas se financiaron de Alemania, de Italia y de otros países.
A principios de los 90 explotan los grandes casos de financiación ilegal del momento, que son el caso Filesa y el caso Naseiro. Era el momento perfecto para regular bien el delito de financiación y otras cuestiones.
Se aprueba en el 95 el código penal de la democracia y los principales partidos miran para otro lado y no regulan el delito. Tiene que ser en 2015, en plena indignación ciudadana, cuando por fin llega el delito tarde y mal.»
Hay elementos de continuidad muy importantes de la corrupción en el franquismo: los pelotazos, la corrupción vinculada al turismo, promociones de viviendas, facilidad para adjudicar obras públicas —algo para lo que se necesitan dos, un corrompido y un corruptor—.
«Es cierto. Aparte, por poner un ejemplo, Jesús Gil no inventó la corrupción en Marbella. Los grandes pelotazos originarios vienen de los años 60 cuando la familia Franco y otros dirigentes de la dictadura se instalan, y eso genera una serie de movimientos económicos empresariales, igual que ya los había en la construcción de obra pública, en la promoción de viviendas sociales.
El tejido empresarial no sufrió prácticamente ninguna modificación, hubo esas continuidades. Y, efectivamente, si hay una corrupción tan estructural es porque hay sentencias, muy conocidas algunas, que continúan reiteradamente indicando determinadas empresas, determinadas dinámicas, que explican esa corrupción.
El Tribunal de Cuentas Europeo detectó que las autopistas españolas costaban el doble que las alemanas, y eso no es muy normal. Si eso ocurre es porque hay interferencias de algún tipo.»
Afirma Joaquim Bosch que con voluntad política la corrupción se habría acabado hace décadas.
«Ha habido una dinámica muy habitual consistente en embestir contra la corrupción del partido rival y al mismo tiempo proteger a los corruptos propios que han cometido hechos parecidos.
También llama la atención que, en el país que llamamos de la indiscreción y los cotilleos, el secreto mejor guardado siempre han sido los ingresos y gastos de los partidos. Siempre ha sido muy difícil saber cómo funcionan las cajas de los partidos.
Si las fuerzas políticas hubiesen expulsado inmediatamente a sus corruptos, en lugar de protegerlos, y hubiesen adoptado reformas estructurales y hubiesen actuado con transparencia en la gestión económica seguro que no habríamos llegado aquí.»
Las puertas giratorias que han atravesado un 40% de los ministros y presidentes del gobierno de la democracia ¿se pueden considerar también una especie de corrupción encubierta o una pre-corrupción?
«Es lo que podríamos llamar la antesala de la corrupción. Es una situación de riesgo porque genera conflictos importantes entre intereses públicos y privados.
Si un ministro pasa a una gran empresa sin tener capacidades profesionales y empresariales, simplemente por sus relaciones políticas, se genera la duda de si ha podido favorecer a la empresa cuando estaba en el gobierno. Es evidentemente un peligro para las posibilidades de corrupción.
Y después, cuando está fuera del gobierno y está en la gran empresa, también tenemos el riesgo de si utiliza las relaciones personales con antiguos compañeros de gobierno para beneficiar intereses privados. Son situaciones de riesgo que se deberían regular mejor para evitar los conflictos.»
La corrupción ha llegado al Jefe de Estado, ha afectado a la monarquía, ¿qué papel ha jugado aquí la figura de la inviolabilidad del monarca?
«La inviolabilidad plena es una carta blanca para poder delinquir y por tanto es una posibilidad peligrosa. Es un comodín que no debería existir en una sociedad democrática donde cualquier principio —en una república o en una monarquía parlamentaria— debe ser la igualdad ante la ley y cualquier excepción debería ser justificada y proporcionada.
Un comodín que permita cometer delitos al margen de las funciones sin que tenga consecuencias jurídicas es algo muy peligroso, como también que el Jefe del Estado no actúe económicamente con transparencia, que no haya rendición de cuentas…
Si no hubiese habido inviolabilidad plena y sí hubiese habido transparencia y rendición de cuentas seguramente no habríamos llegado a los escándalos que ahora estamos conociendo.»
¿La judicatura ha actuado tarde? ¿Ha tardado en reaccionar ante esta corrupción o ante la corrupción general?
«Inicialmente, en los primeros años de democracia, tardó, no existía el hábito de supervisar al poder. También los nuevos partidos democráticos colonizaron inmediatamente las instituciones judiciales, cosa que limitó la actuación de persecución de la corrupción.
Posteriormente sí que se ha actuado, de hecho si hay condenados en prisión y si hay centenares de causas abiertas es porque con muchos medios, con pocos medios y muchos problemas se está haciendo un esfuerzo.
Pero no olvidemos que tenemos una judicatura —una justicia— que no tiene recursos suficientes. Estamos a la cola de Europa en el número de jueces y en la cabecera en el número de políticos corruptos.
Hay una diferencia enorme entre los medios que tienen las tramas corruptas y la judicatura. Es como si los jueces persiguiesen en bici a corruptos que pueden huir en Mercedes. Esa contradicción explica muchos de los problemas que hay.»
¿Recibe la justicia presiones cuando investiga la corrupción?
«A la vista está que todos los grandes casos de corrupción han tenido enormes problemas para los jueces cuando los investigaban.
Recordemos el caso Filesa en que el magistrado instructor, Marino Barbero, que era del Tribunal Supremo, renunció al cargo por las presiones. Es un caso único que un juez del Tribunal Supremo deje el cargo.
El juez del caso Naseiro, Luis Manglano, también recibió enormes presiones que le cerraron después las puertas de promoción profesional. Hemos tenido el caso Gürtel, José Ricardo de Prada ha tenido que soportar no solo las presiones sino ser tratado en el parlamento como filoetarra literalmente.
En el poder político, en líneas generales, otra continuidad del franquismo es que en la dictadura obviamente la justicia era un espacio subordinado al poder, pero en democracia los partidos políticos tampoco han acabado de aceptar que haya un poder que pueda supervisar lo que hacen. Es una anomalía que se tiene que corregir y continuamente desde el grupo anticorrupción del Consejo de Europa —Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)— se dice que nuestras instituciones judiciales no tienen una separación de poderes suficiente.»
Explica Joaquim Bosch que en España hay una cantidad de agujeros sin equivalente en otros países democráticos, y que los delitos de corrupción son los que más indultos reciben.
«Todas las figuras jurídicas relacionadas con las prácticas corruptas se han configurado de la manera que más puedan favorecer dificultades para perseguir la corrupción, y eso es problemático.
Hemos hablado de la inviolabilidad y de los medios de la justicia, pero también hay que decir que no hay países democráticos en los que estén aforados diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, miembros de los gobiernos centrales… es algo no demasiado normal. Como tampoco es normal que los delitos que más indultos han obtenido hayan sido los vinculados a la corrupción.
Y el problema de los aforamientos es añadido aparte, porque genera unas presiones muy fuertes para situar jueces, por parte de los partidos políticos, en tribunales que han de realizar los juicios a los parlamentarios.
El caso del Tribunal Supremo es clarísimo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es la única que puede juzgar al Gobierno (a los miembros del Gobierno, diputados y senadores) y a veces, como hemos visto, otros hechos como ha ocurrido con el Procés. Si no hubiese esta situación probablemente no habrían tantas injerencias partidistas para controlar la cúpula judicial.»
Hay un gran número de trabajadores públicos en todo el Estado nombrados a dedo que van cambiando según las legislaturas, ¿cómo se puede regular eso para que no genere conflictos y problemas?
«Es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción, porque son delitos muy difíciles de detectar que se han de constatar desde dentro. Y tenemos la alta dirección de las administraciones —también a diferencia de otros países democráticos europeos— que no está formada por profesionales independientes sino en buena parte por cargos de confianza y son espacios nombrados a dedo por los principales partidos políticos en cantidades elevadísimas. Eso es un conflicto de intereses.
Avanzaríamos mucho en calidad institucional si se acaba con una situación tan anómala, pero las cúpulas de los partidos perderían la posibilidad de situar a altos cargos del partido, cargos intermedios, elementos de las bases de la militancia… y eso también podría afectar al sistema de equilibrios.
Por tanto reformas estructurales que son necesarias —que nos acercarían a los países europeos— pueden colisionar con los intereses de los dirigentes.»
En su libro Joaquim Bosch habla de políticos corruptos, pero también de electorado corrupto.
«Este es un término que he intentado acuñar… Claro, nos quedaríamos tranquilos diciendo que la ciudadanía siempre es ejemplar y que los políticos son un caso aparte de la ciudadanía… cuando la realidad es que nuestros gobernantes son elegidos por los ciudadanos.
Sí que se han comprobado dinámicas de electorado corrupto claras. Por ejemplo en ciudades o pueblos que con absoluto conocimiento, porque había hechos indiciarios clarísimos de que el alcalde es un corrupto, sabiéndolo perfectamente, lo han reelegido en diversas ocasiones. O bien porque la ciudadanía o un sector de los ciudadanos podían beneficiarse o bien porque, aun cuando no se pudieran beneficiar, pensaban que eso no era tan importante.
Desde una perspectiva de ética pública eso es muy lamentable y hay que trabajar también mejorando infraestructuras éticas.»
En el libro se indica que, según datos del Banco Mundial, si se aplicasen las reformas estructurales contra la corrupción, España incrementaría un 20% su PIB per cápita en 15 años.
«Afortunadamente se han empezado a comprobar informes recientes que pueden medir la corrupción. Hasta ahora no se había medido. Todos los estudios hablan de decenas de miles de millones de euros al año que hace perder la corrupción. Son cifras muy superiores al rescate bancario.
Hay estudios que dicen por ejemplo que si con la muerte de Franco hubiésemos acabado con la corrupción, hoy tendríamos una renta per cápita cercana a la de Finlandia y por encima de la media europea. Hay datos objetivos irrefutables que nos demuestran la relación entre calidad de vida y baja corrupción.
Los países que tienen una corrupción inferior —que la han sabido controlar— como Dinamarca, Alemania, Suiza o Nueva Zelanda son también los que tienen más calidad económica del mundo, porque han puesto todas sus potencialidades en marcha y eso les permite tener servicios públicos muy potentes y haber acabado con las bolsas de pobreza. Ojalá cogiéramos aquí el ejemplo.»
Por mucho que se denuncien o por mucho que se hable de ellos, como se hace en este libro, los casos de corrupción no se apagan, siempre hay alguna brecha por donde eso continúa.
«En líneas generales tenemos unas estructuras institucionales que permiten que haya corrupción.
Tenemos que mejorar los medios de prevención, la protección de los denunciantes, la separación de poderes, mejorar la democracia en los partidos políticos, que la ciudadanía pueda elegir a los políticos y castigar a los corruptos.
En casi todos los países de Europa se votan candidaturas desbloqueadas o con fórmulas que permiten discriminar a las personas. Lo que tenemos en España, nos hemos acostumbrado, pero es una excepción en Europa.
Si avanzamos en calidad democrática erradicaremos la corrupción, si mantenemos las mismas estructuras seguiremos teniendo los mismos problemas.»
Fuente: Joaquim Bosch presenta su ensayo “La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España” en el programa ‘Més 324’ de TV3 | 15/02/2022
